
Álvaro Uribe salvó a Colombia de la catástrofe. En 2002, el país estaba sumido en una debacle política y económica: la crisis de 1999 había golpeado fuertemente, mientras que los enemigos del Estado y de la ley hacían de las suyas por doquier. Uribe le puso fin a gran parte de eso. Su gobierno ha generado mayor seguridad y crecimiento económico. Las FARC, el más grande grupo terrorista del continente americano, se han visto militar y políticamente debilitadas --lo que es mucho decir considerando que hace seis años esta guerrilla controlaba más de 42.000 kilómetros cuadrados del territorio colombiano. Asimismo, la Inversión Extranjera Directa se ha multiplicado: de US$ 2.000 millones en 2002, se pasó a US$ 9.000 millones en 2007. Hoy por hoy, más firmas y compañías extranjeras quieren invertir en el mercado colombiano, lo que se traduce en generación de empleo (hoy la tasa de desempleo es 11%; hace siete años era cercana al 20%). Las Fuerzas Militares, antaño pobremente equipadas y entrenadas, incapaces de hacerle frente a los muchos retos de seguridad en el país (narcos, guerrillas, paras y otros matones), hoy son una de las mejores fuerzas del hemisferio occidental. Uribe se lleva el crédito por todos estos logros --no por nada su popularidad alcanza el 85%, más que ningún otro mandatario del continente. Sin embargo, quizás la mayor proeza del presidente Uribe haya sido la de devolverle a los colombianos la esperanza de que algún día el país dejará atrás su historia de violencia, pobreza y crimen. Por todo eso, hay que aplaudirlo.
Pero Álvaro Uribe no es perfecto --y tampoco lo es su gobierno. El mejor presidente colombiano de los últimos treinta años parece estar perdiendo su encanto, mientras que su rabo de paja (y el de sus allegados políticos) no para de crecer.
Mi primera objeción es su ambiguo ánimo reeleccionista. Los colombianos no sabemos todavía si el presidente sí quiere ser reelegido para un tercer mandato. Recientemente, Uribe expresó su deseo de presentarse para las elecciones del 2014, y no para las del 2010. Sin embargo, 5 millones de personas firmaron una iniciativa para hacer posible la segunda reelección consecutiva vía referendo. Falta que el Congreso vote la iniciativa y que la Registraduría (ahora en paro) tenga los recursos para montar el referendo. Pero, ¿qué quiere el presidente? Hace un tiempo dijo que estaría dispuesto a hacerse reelegir en caso de una "hecatombe" en Colombia, pero el verdadero significado de la palabra fue dejado a la imaginación. Igualmente, como lo ha dicho el ex Senador Germán Vargas Lleras, no es aceptable que se permita la reelección en 2010 y en 2014. Los colombianos que tanto criticamos a Chavez por querer permitir la reelección ilimitada en Venezuela ahora nos veríamos con la vergüenza de ver un escenario parecido en Colombia. Al menos los venezolanos fueron lo suficientemente inteligentes para prohibirle el placer reeleccionista a su impotable presidente.
Muchos creen equivocadamente que no hay problema con la reelección: en teoría, si el presidente es bueno (como lo ha sido Uribe) y el pueblo quiere reelegirlo (como parece ser el caso colombiano) la constitución debería permitirlo. Pero el peligro reeleccionista es más grande de lo que parece. Personalmente, no tengo objeciones en cuanto a una primera reelección, pues sucede en muchas democracias decentes y, en el caso de Uribe, permitió una sana continuidad para sus políticas exitosas. Sin embargo, la posibilidad de una segunda y una tercera reelección me deja pensando. La base de la democracia liberal es ponerle límites al poder. Por más extraño que les suene a quienes no estudian ciencia política, la fuerza y la estabilidad de las democracias reside en su compromiso para esparcir, y no para concentrar, el poder político. Esto significa que el poder de los líderes, las instituciones, e incluso del pueblo, debe tener límites claros y firmes. Alterar las reglas de juego a cada momento le resta importancia a la Constitución, dejándola ver como un documento sin trascendencia que puede ser alterado facilmente. Simplemente, hay cosas que no deben permitirse, incluso si son voluntad de una mayoría popular. Así pues, mi primera objeción contra una nueva reelección es una cuestión de principios y de consitucionalismo, así haya algunos que poner este argumento sobre la mesa es estúpido (ver, por ejemplo, la columa de Juan Carlos Moncada en El Tiempo: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/referendo-inconstitucional_4613854-1)
Ahora bien, mi segunda objeción contra el gobierno de Uribe tiene que ver con su gestión reciente. En principio, parecería que el 2008 ha sido un año dorado para el presidente: la muerte de Raúl Reyes y la liberación de Íngrid Betancourt y los otros secuestrados por las FARC llevaron la popularidad de Uribe a la estratosfera. Sin embargo, el frenazo económico en Colombia (que este año, se presume, crecerá sólo un 3.5%, luego del 8% del año pasado), la serie de paros y protestas en el país (Camioneros, ASONAL Judicial, Registraduría, cortadores de caña, etc.), la continuación de los ataques de las FARC (en Antioquia, Cali, Bogotá y Neiva, por ejemplo) y los brotes de parapolítica que crean siempre más dudas acerca de los aliados políticos del presidente, son, quizás, muestra de que el Efecto Uribe se está acabando. Asimismo, el presidente se ha mostrado excesivamente renuente a llevar a cabo las reformas económicas necesarias para garantizar el desarrollo económico del país en el largo plazo: Los impuestos son muy altos y su funcionamiento es muy complicado, no hay una verdadera intención de reducir el gasto público, y los costos parafiscales siguen deteriorando el panorama del empleo en Colombia. El gobierno no hizo las reformas necesarias en el tiempo de las vacas gordas, y ahora tendrá más dificultad para hacerlas en momentos en los que la inflación y la desaceleración económica vuelven al escenario. Pareciera que el presidente sigue creyendo que Colombia sólo necesita más Seguridad Democrática para seguir creciendo, aunque tiene razón sólo en parte: la Seguridad Democrática (que no es más que un alto gasto militar, 6.5% del PIB, para derrotar a los enemigos del imperio de la ley) es esencial para el desarrollo del país, pero Colombia también necesita reformar su sistema económico ahora para aumentar la calidad de vida y acabar con la pobreza.
Ahora bien, persisten las grandes dudas acerca de los aliados políticos de Uribe y sus nexos con personas de muy dudosa reputación. Apenas esta semana nos enteramos de que el Presidente del Senado, el gobiernista y hasta hace poco desconocido Hernán Andrade, recibió dineros de un puñado de abogados que estafaron al Estado. Como él, hay muchos allegados al gobierno que tienen nexos reprochables (el hermano del Ministro del Interior, Mario Uribe, primo del Presidente, las decenas de congresistas investigados por parapolítica... y mejor ni hablemos de las visitas extañas de algunos paras al palacio de Nariño). Aunque nada se ha podido probar contra Uribe (algunos dicen que recibió dineros de narcos en alguna época, y muchos lo tachan de amigo de los paras) todo eso le resta legitimidad y buen nombre a su gobierno. Es muy importante que la prensa y los gobiernos extranjeros perciban bien al presidente colombiano, y todas estas dudas solo hacen que esto se vuelva más difícil. Cabe preguntarse si no le convendría más al país elegir un nuevo presidente que no tenga tanta historia, que ante la comunidad internacional sea un "newcomer", pero que pueda darle continuidad a las políticas exitosas de Uribe.
El 7 de agosto de 2010, Álvaro Uribe, con todo el bien que le ha hecho a Colombia, debe partir de la Casa de Nariño y dejar que el país siga su curso.